Bajo la figura del Estado Social de Derecho, la Constitución de 1991 da pleno reconocimiento a la diversidad étnica del país y a los pueblos indígenas y minorías ubicados dentro del territorio nacional. Los grupos étnicos son considerados sujetos colectivos de derecho al constituir una unidad sociocultural a la cual se le garantizan derechos fundamentales. La Constitución Política de Colombia “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación” (artículo 7). Para ello, ordena respetar el derecho a la propiedad colectiva y considera las tierras y resguardos donde habitan los pueblos indígenas territorios “inalienables, imprescriptibles e inembargables” (artículo 63). En dichos territorios, la Constitución permite la conformación de gobiernos que respeten los usos, costumbres y tradiciones culturales, y que puedan diseñar e implementar programas y políticas así como recibir y ejecutar recursos en el pleno respeto de las leyes nacionales (artículo 330).

Las autoridades Colombianas han realizado algunas intervenciones incipientes para dar garantías en el departamento de La Guajira, específicamente en el acceso al derecho fundamental al agua y la soberanía alimentaria, lo que se referencia en la publicación del diario El Heraldo del 08 de abril de 2018, donde se relaciona que este año han muerto 16 niños por desnutrición o causas asociadas a esta. Si la tendencia continúa, se prevé que al finalizar 2018 los menores fallecidos serán más de 60, afirmó la Defensoría del Pueblo Son muchas las razones que se han expuesto en foros, debates, discusiones y diagnósticos por las cuales estos niños mueren de hambre: la corrupción, la sequía, la migración venezolana, la inseguridad alimentaria e incluso los usos y costumbres de la etnia wayuu, entre otras. Sin embargo, el más determinante es la falta de agua potable en los territorios indígenas, donde se abastecen para su consumo y preparación de alimentos de jagüeyes o pozos, muchos de los cuales fueron construidos hace cerca de 60 años.